La Junta reduce seis días el horario ampliado de bares y restaurantes en Semana Santa

En el Diario Oficial de Extremadura aparece hoy una resolución de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil en la que se estipula que desde mañana, 23 de marzo y hasta el lunes 2 de abril (Lunes de Pascua) se podrá cerrar dos horas más tarde con carácter general para todos los establecimientos públicos de la comunidad autónoma. Ese horario de cierre es diferente según el tipo de cada establecimiento (cafés, bares, restaurantes, tabernas, bodegas, discotecas, salas de fiestas...). El año pasado, la Junta decidió que el periodo vinculado a Semana Santa en el que se podía cerrar más tarde fuera mucho más amplio. Abarco, en concreto, del 7 al 23 de abril, casi una semana después de concluir las celebraciones religiosas.

En respuesta a HOY, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio afirma que se ha rebajado en casi una semana el periodo en el que los establecimientos de ocio podrán cerrar más tarde porque «se ha consensuado con ayuntamientos y hosteleros y como consideración a las demandas de las asociaciones del ruido, que piden que se reduzcan las ampliaciones a los días señalados».

Desde las asociaciones contra el ruido se considera que la medida de la Junta es insuficiente. «La ley de ocio de Extremadura te dice que los horarios de cierre solo se pueden ampliar por celebraciones excepcionales, no que se tengan que hacer expresamente por Navidad o por Semana Santa. Por tanto, ampliar horarios de cierre es una excepción, no es algo que se debe hacer siempre en determinada fecha. Por este motivo consideramos que no se debía haber ampliado ni dos, ni una ni media hora más de lo normal», expresa a este diario Julián Gutiérrez, presidente de la asociación placentina Intramuros, una de las cinco asociaciones contra el ruido (donde se reúnen las de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito) que han constituido una plataforma regional. Considera Gutiérrez que la Administración no les ha consultado sobre la decisión reflejada hoy en el DOE y que, en todo caso, se sigue «haciendo más caso a los hosteleros y a los ayuntamientos que a los ciudadanos que vivimos en esos municipios»