La Junta pide al Gobierno de España su apoyo al Plan de Regeneración Económica y de Empleo de la comarca de Monesterio

La Junta pide al Gobierno de España su apoyo al Plan de Regeneración Económica y de Empleo de la comarca de Monesterio

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha solicitado este viernes la colaboración del Gobierno de España en el Plan de Regeneración Económica de la zona minera de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), en el que trabaja la Junta de Extremadura como alternativa al posible cierre de la explotación.

Según ha explicado Navarro tras la reunión que este viernes ha mantenido en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el Ejecutivo regional está trabajando en un plan que pueda facilitar la creación de empleo en la zona, para lo cual resulta «imprescindible el apoyo económico del Gobierno de Madrid, tal y como se ha hecho en otros territorios mineros».

«Lo que pedimos es una igualdad en el trato, que se nos trate de la misma manera que al resto de España, porque hay muchas comarcas mineras en las que, cuando han visto reducida su actividad, han tenido unas líneas específicas de ayudas del Gobierno», ha manifestado el consejero.

Además, José Luis Navarro ha transmitido también al secretario de Estado la «grandísima» preocupación de Extremadura por la «inaceptable» demora que está teniendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina Aguablanca por parte del Ministerio de Medio Ambiente, lo que está «impidiendo la posibilidad de su explotación subterránea», según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, José Luis Navarro, quien ha expresado el «máximo respeto» por el trabajo de los técnicos en la elaboración de la DIA, considera «inadmisible» la respuesta de los ministerios de Energía y de Medio Ambiente, así como de algunos representantes del Partido Popular en Extremadura, considerando que se trata de «una mera cuestión técnica y los políticos no deben interferir en el proceso».

«No pueden escudarse en eso. Está claro que los funcionarios hacen su trabajo y no se les debe interferir pero no caigamos en la incoherencia de decir que hay que agilizar al máximo los plazos administrativos para las actividades económicas y, por otro lado, aceptemos con naturalidad y cierta resignación que una DIA pueda durar años, poniendo en riesgo las inversiones y los puestos de trabajo. Eso es inadmisible», ha sentenciado.