JUEZ DE PAZ

José Pedro Farrona, 11 años manteniendo la paz en Monesterio

José Pedro Farrona, de 55 años, es el juez de paz de Monesterio. /Isabel Ambrona
José Pedro Farrona, de 55 años, es el juez de paz de Monesterio. / Isabel Ambrona

«Trabajo de turno de noche y el día lo dedico al juzgado»

Álvaro Rubio
ÁLVARO RUBIOCáceres

José Pedro Farrona trabaja en la tienda de un área de servicio en el kilómetro 730 de la A-66, en el término municipal de Monesterio. Es el encargado del autoservicio durante el turno de noche. Sin embargo, cuando sale por la puerta de ese establecimiento, se convierte en juez. Este hombre de 55 años se sabe la carta del restaurante igual de bien que muchos de los artículos que hay en el Código Civil y Penal. En su día a día compagina su tarea en torno a comidas de restaurante con la de mediador en pequeños conflictos entre vecinos. También lleva el control de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios del pueblo. Él está al frente del juzgado de paz desde hace 11 años de la localidad pacense de Monesterio. Fue elegido por la mayoría absoluta del pleno del ayuntamiento, al igual que las 367 personas que ejercen ese cargo de manera titular en la región extremeña, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y sus despachos están ubicados en los municipios donde no existe juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Para acceder a ello, según la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial, puede ser nombrado juez de paz cualquier persona que sea española, mayor de edad y que no esté condenada por ningún delito. Para demostrarlo deben presentar un certificado de penales.

La mayoría de jueces de paz extremeños reciben entre 1.110 y 2.221 euros anuales

Además, el juez de paz está obligado a residir en la población que tenga su sede dicho juzgado. Sin embargo, el TSJEx puede autorizar la residencia en un lugar diferente si es por una causa justificada.

Por regla general, asumen competencias de menor importancia sobre todo del orden civil. Asimismo facilitan la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos residentes en los municipios donde el juzgado de paz tiene su sede.

Pero si por algo se les conoce en los pueblos donde desarrollan su labor es por su papel conciliador entre dos partes enfrentadas. Intentan que lleguen a un acuerdo con el objetivo de evitar un proceso judicial. «Normalmente hacemos de mediadores cuando hay riñas entre vecinos. No son casos complicados, aunque en ocasiones sí son bastante curiosos. Los hay que vienen porque le han hecho un agujero en la fachada de su casa o por problemas de goteras. Intento que lleguen a un acuerdo, la mayoría de las veces es así pero en otras ocasiones es imposible», confiesa Farrona.

Los juicios verbales a los que se refiere son sobre reclamaciones que no pueden superar los 90 euros. «Son pequeñas disputas», matiza Farrona, que dedica a esta función unas siete horas a la semana.

En lo que va de 2018 ha intervenido en una decena de asuntos. «Aunque no es mucho, algo de trabajo le quitamos al juzgado de Zafra», aclara tras aludir a otras funciones que desempeña. Suele llevar el control de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. También expide libros de familia y celebra bodas.

Antes los juzgados de paz acogían juicios de faltas como amenazas, coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden y daños leves de bienes inmuebles. Sin embargo, con la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vieron reducidas sus funciones.

«Nosotros no podemos darle la razón a un vecino o a otro. Si no lo solucionan tienen que recurrir a otra vía. No tenemos potestad para eso», explica José Pedro, quien apunta a que «es muy probable que renueve por otros cuatro año más». Lamenta que no haya personas que suelan estar dispuestas a ser juez de paz.

 

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