La empresa de Aguablanca tiene dos años de plazo para decidir si reabre la mina

Ni el Ayuntamiento del sur extremeño ni la Junta tienen información clara de la compañía respecto a sus intenciones. Valoriza tampoco respondió ayer a HOY sobre esta cuestión. La última comunicación a este diario fue la que trasladó en enero de 2018. Entonces aseveró que, a pesar de contar con la DIA, «tiene un condicionado que no permite abrir la mina en el corto plazo. Además seguimos pendientes de la evolución del precio del níquel para asegurar la viabilidad de Aguablanca».

Se refería a una serie de medidas (son 52) de obligado cumplimiento para poder reabrir y sacar hasta 3,2 millones de toneladas de mineral. Así, introduce la obligación de solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la concesión de aprovechamiento de aguas sobre los caudales del agua subterránea que afloren en las galerías de la mina de interior, autorización «supeditada a la disponibilidad de recursos hídricos».

Valoriza debe presentar un informe que incluya «un modelo matemático cuantitativo de los flujos del sistema hídrico para conocer los volúmenes de agua afectados por transferencias entre la zona de explotación y las masas de agua superficiales y subterráneas naturales», y poder establecer medidas para que «no se afecte a dichas masas de agua, a los ecosistemas terrestres ni a ningún otro aprovechamiento de aguas».

La Confederación pide que ese modelo cuente con un informe del Instituto Geológico y Minero. Se desconoce si Valoriza ha pedido esos informes y, en ese caso, si los tiene.

Mientras tanto, se actualiza el plan de restauración de la mina, que se desarrollará una vez que se clausure la explotación. Un plan para los yacimientos mineros que, o siguen en funcionamiento o tienen permiso para ello, como Aguablanca. La empresa somete ahora a información pública ese plan de restauración. No aporta «nada nuevo» sobre el futuro de la misma, recalcó ayer a Efe el antiguo presidente del comité de empresa, Eloy Sánchez.

El presupuesto de las actuaciones de restauración está cifrado en 8,8 millones. 5,1 millones serían para el «cierre y restauración de las instalaciones de residuos mineros». Se ejecutaría a lo largo de tres años.